Defensores del Pueblo objetaron el aumento de la tarifa del gas.

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina por intermedio de su presidente, Alejandro Amor, presentó un recurso Jerárquico ante el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, por  la cual se dispuso el recupero del crédito a favor de los productores y  a cargo de los usuarios en veinticuatro cuotas a partir del 1° de enero de 2019.

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En el recurso se fundamenta que la aplicación de cargos retroactivos a facturas ya abonadas por usuarios «resulta ostensiblemente contrario a lo dispuesto por nuestro Código Civil y Comercial en su art. 880, en cual dispone: “Efectos del pago por el deudor. El pago realizado por el deudor que satisface el interés del acreedor, extingue el crédito y lo libera.”

En la presentación  se señala que no se observaron los principios mínimos en materia tarifaria de certeza, previsibilidad, gradualidad, razonabilidad, no confiscatoriedad exigidos por la Suprema Corte en el fallo CEPIS y se omitió además el principio esencial y específico de la participación ciudadana (la medida cuestionada no fue objeto de la última audiencia pública celebrada el 4 de septiembre del año en curso). La medida implica el pago mensual de 90 pesos, más impuestos, durante 24 meses, en compensación por el incremento del dólar y su efecto sobre las cuentas de las empresas productoras de gas.

En el escrito impugnatorio, los defensores del Pueblo reunidos en ADPRA expresan que «esta Resolución se dio en el contexto de emergencia energética acentuado por los exponenciales aumentos tarifarios (con estimaciones que lo fijan entre un 1800% y un 2775%, según metodología utilizada) que, como se señaló en las distintas audiencias públicas en las que participaron los defensores del Pueblo, dificultan o impiden el acceso de distintas categorías de usuarios/as al pago de las tarifas y en consecuencia al mantenimiento de servicios elementales para nuestra sociedad».

La medida impugnada se dictó al mismo tiempo en que se dejó sin efecto la bonificación  del 10% en el precio del gas natural por redes y del gas propano incluido por redes para todas las categorías de usuarios residenciales que registraron un ahorro en su consumo igual o superior al 20% con respecto al mismo periodo del año 2015; la eliminación de los topes porcentuales establecidos que mitigaban el impacto de los aumentos tarifarios y una considerable reducción de la tarifa social federal.