Caso Daniel Solano: condenas de prisión perpetua para los policías

El tribunal integrado por los  jueces María Evelina García Balduini, Oscar Gatti y Gastón Martín, decidió condenar a Sandro Gabriel Berthe, Pablo Federico Bender, Héctor César Martínez, Juan Francisco Barrera, Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Vicente Cuello por «homicidio agravado por alevosía». Todos fueron condenados a prisión perpetua.  Hasta tanto la sentencia quede firme, los policías seguirán en libertad.


Los jueces de la ex Cámara Criminal Segunda de Roca resolvieron hoy, por unanimidad, condenar a la pena de prisión e inhabilitación perpetuas a los siete efectivos policiales que llegaron a juicio imputados por la muerte del trabajador Daniel Solano, ocurrida en noviembre de 2011 en Choele Choel.

El Tribunal condenó a los imputados Sandro Gabriel Berthe, Pablo Federico Bender y Juan Francisco Barrera como coautores de los delitos de “homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones como miembros de una fuerza de seguridad, en concurso real con vejaciones”.

Luego, condenó a los efectivos Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Vicente Cuello como coautores de los delitos de “homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones como miembros de una fuerza de seguridad, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Por último, condenó al oficial Héctor César Martínez como coautor del delito de “homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones como miembros de una fuerza de seguridad”, absolviéndolo por el beneficio de la duda de los cargos por “abuso de autoridad y falsedad ideológica” por los que también había sido acusado.

En todos los casos el monto de la pena aplicada es el establecido específicamente por el Código Penal para los delitos de homicidio calificado: prisión perpetua más inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos.

 

Por otra parte, el Tribunal dispuso “no hacer lugar a la prisión preventiva” solicitada por la Fiscalía, por no encontrarse firme la condena dictada en la fecha.

Entre los fundamentos vertidos en el fallo explicaron que “no existen riesgos procesales” que ameriten el encarcelamiento preventivo; que los imputados “han prestado caución real” (que se mantuvo expresamente en la sentencia); “han fijado domicilio, realizan presentaciones semanales y han cumplido todas las cargas procesales que les han sido impuetas”.

Por otra parte, durante la tramitación de la causa ya estuvieron detenidos y “han agotado los tiempos máximos de detención preventiva” que permite el Código Procesal Penal. Como nueva pauta de conducta el Tribunal sumó para todos los imputados la “expresa prohibición de salir del país”.

La sentencia no se encuentra firme, puesto que las defensas tienen derecho a interponer casación y a impulsar otras instancias recursivas ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y eventualmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Fundamentos de la sentencia

 

Los jueces recalcaron la existencia de testigos que aquella madrugada “ven como lo golpean y lo cargan al patrullero”, siendo los autores del primer tramo del hecho los policías Berthe, Martínez, Barrera y Bender, quienes mediante vejaciones lo retiraron del boliche Macuba y lo agredieron en las inmediaciones. A ellos luego se sumaron, a bordo del patrullero, sus pares Albarrán Cárcamo, Quidel y Cuello, retirando a Solano del sector hasta a la zona del balneario de la Isla 92 de Choele Choel, donde finalmente se produce su muerte.

Uno de los fragmentos de la sentencia referidos a la calificación legal dada a los hechos indica: “El homicidio se configura porque de manera violenta se ha matado a una persona, Francisco Daniel Solano, agravado por alevosía y por ser los autores miembros de una fuerza de seguridad, quienes actuaron abusando de de sus funciones. Sin lugar a dudas todos los elementos típicos del homicidio agravado por alevosía (art. 80 inc. 2 del Código Penal) se encuentran debidamente acreditados, toda vez que los autores del hecho actuaron sobre seguro, viéndose la víctima superada en número e imposibilitada de ejercer defensa alguna. El ataque violento fue sin riesgo para los autores, quienes tenían asegurado el resultado muerte, sin que la víctima pudiera oponerse o resistrse a esa agresión (…) Es claro que los autores se aprovecharon de esa indefensión de su víctima para consumar el delito de homicidio”.