A partir de este lunes se inicia el plazo de más de tres meses que tendrán los empleados de la administración pública central para adherir al sistema de retiros voluntarios, con el cual buscan reducir el gasto público en remuneraciones. La medida tiene amplio rechazo en el sector sindical.


Frente del SENASA regional de Roca, uno de los organismos comprendidos para la reducción de empleados estatales a través del retiro. Foto: Marcelo Miranda

El Ministerio de Hacienda recordó la puesta en marcha de ese régimen, dispuesto por la ley 27.431 y el decreto 263/18, que vencerá el 31 de julio próximo. El Palacio de Hacienda recordó la implementación del plan a través de la web interna de esa cartera, que cada empleado ve al iniciar su computadora cuando ingresa a trabajar.

 

Dentro de este decreto quedan comprendidos el Poder Ejecutivo, los ministerios y los organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social como el PAMI, la Anses, la AFIP, el Senasa, INTA e INTI, entre otros.

 

Según detalló el Boletín Oficial bajo el decreto 263/2018, para poder acogerse a los planes de retiro voluntario deben cumplir una serie de requisitos

  • Tener 65 o más años de edad y no contar con los años de servicio necesarios para obtener la jubilación ordinaria
  • Tener entre 60 y  65 años de edad
  • Tener hasta 60 años de edad y acreditar una prestación de servicios de 2 o más años en Entidades y Jurisdicciones comprendidas en el artículo 8°.

Quedan expresamente excluidos de los planes de retiro voluntario el personal quien  cumpliese con todos los requisitos  recibirá retribuciones de 24 a 36 cuotas mensuales equivalentes al sueldo neto y el beneficio de la obra social. Si el beneficiario se jubilara dentro de ese plazo, el plan se vería interrumpido.

En el caso de los menores de 60 años, con más de dos años de trabajo, las cuotas serán del 70% del sueldo neto y crecientes según la antigüedad. Pero podrán reinsertarse en el sector privado y percibir un sueldo simultáneo al plan. Se estima que podrían adherirse entre 3000 y 5000 empleados públicos, que no podrán ser reemplazados.

Entre los excluidos para el retiro están el personal de las  Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Policiales, Agencia Federal de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, cargo docente, profesional de la salud, en el Servicio Exterior de la Nación o personal científico técnico, procesados por delito en perjuicio de la Administración Pública Nacional, quien hubiere presentado su renuncia y estuviere pendiente de aceptación.

Fuente: noticias argentinas y elmarplatense.com