Río Negro adhirió a ley nacional de Riesgos del Trabajo

LA NORMATIVA ES RECHAZADA POR LOS GREMIOS PROVINCIALES

La Legislatura sancionó por mayoría la ley remitida por el Poder Ejecutivo por la que la Provincia adhirió a la norma nacional de Riesgos del Trabajo, aunque con un texto “a la rionegrina” superador “que garantiza el resguardo legal de los trabajadores y evita que puedan cercenarse sus derechos en esta materia”, al tiempo que “se acelerarán las causas judiciales por enfermedades profesionales o accidentes laborales que iniciaren”, según se sostuvo en Cámara.



La defensa de la iniciativa en Cámara estuvo a cargo del legislador Adrián Casadei (JSRN) quién definió los aspectos generales de la ley y las ventajas del texto acordado en las comisiones de esta Legislatura, por sobre el original promulgado por el gobierno nacional.

El miembro informante definió el concepto de accidente de trabajo como “todo acontecimiento súbito y violento ocurrido en ocasión del trabajo o durante el trayecto del trabajador entre el domicilio del trabajador y el lugar de su trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado el trayecto por causas ajenas a su trabajo”.

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Luego enumeró los objetivos fundamentales de la norma en debate “que tiene el propósito de disminuir la siniestralidad laboral a través de la reducción de los riesgos del trabajo y con ello las legitiosidades, repara los daños producidos por las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo, la rehabilitación del trabajador y promueve su recalificación cuando sea necesario”.

A renglón seguido, Casadei comentó que el Estado Nacional registra que en la totalidad del país, entre enero de 2010 hasta el momento, “se iniciaron 623.235 juicios por accidentes de trabajo quedando aún sin resolver 366.707, lo que equivale a unos 5.000 millones de pesos que impactan directamente en las pymes, que son las que más generan trabajo, y las pone en situación de crisis por las indemnizaciones que deban afrontar”.

La nueva norma “prevé un importante avance para resguardar los intereses del trabajador ya que exige como primer punto que el trabajador cuente con su debido patrocinio letrado obligatorio, pudiendo concurrir munido de sus propios estudios médicos, asumiendo dichos gastos las aseguradoras”. Una vez agotada dicha instancia el trabajador puede proseguir el reclamo y solicitar la revisión del dictamen de la Comisión Médica en sede judicial.

En caso de que el empleado no cuestione el dictamen de la Comisión Médica o en su defecto cuando se arriba a un acuerdo conciliatorio entre el trabajador, su abogado y las ART, “pasará como cosa juzgada, lo que implica que no podrá ser cuestionado judicialmente, salvo casos de excepción”.

Prosiguió el legislador Alejandro Ramos Mejía (FpV) quién aseguró que el nuevo sistema tendrá efectos negativos para los trabajadores, razón por la cual “la mayoría de las provincias han rechazado esta ley del gobierno nacional” y que “si se cumpliera la ley vigente no habría pque deban afrontar un cúmulo derácticamente más juicios”. Por los argumentos esgrimidos anticipó que su bloque no acompañaba la iniciativa.

El legislador Mario Sabbatella (Fuerza Nacional y Popular), entendió que votar esta ley “es acordar con aquellos que cíclicamente perjudican los intereses de los ciudadanos” ya que “propone un sistema perverso que usa al trabajador como fusible”. “No podemos aprobar esta ley con los ojos vendados”, proclamó, “favoreciendo los intereses del empleador por sobre los de los empleados” y afirmó que “con esto no se termina con la mafia de los juicios”. Adelantó su voto negativo.

El diputado oficialista Alejandro Palmieri afirmó que “Habrá una comisión médica por cada circunscripción de la provincia; Se deben fijar los honorarios de quienes representen a los trabajadores; La apelación de la ART tendrá efecto devolutivo, es decir, que el trabajador cobrará con la sentencia de primera instancia y si la acción posterior avanza, se devolverá lo que corresponda; Habrá un control de la Secretaría de Trabajo en las comisiones médicas; Los trabajadores tendrán asistencia legal obligatoria y, entre otras cosas, la indemnización la cobran mediante su cuenta sueldo”.