Los diputados nacionales María Emilia Soria y Martín Doñate presentaron ayer en Viedma un escrito donde solicitan a la Fiscalía de Estado de Río Negro que intervenga requeriendo «la nulidad de la aprobación por parte de la Municipalidad de El Bolsón del emprendimiento inmobiliario presentado por la empresa Laderas del Perito Moreno S.A.»
De acuerdo a lo informado por los diputados nacionales «mediante una maniobra de compra-venta que infringe legilación provincial y municipal se aprobó esta operación comercial fraudulenta que derivó en el loteo de tierras de reserva natural para el “Country” ligado a Joe Lewis. El mismo magnate inglés que se apropió del Lago Escondido, y ahora avanza con un country en una reserva natural a espaldas de la sociedad de El Bolsón. Se trata de tierras fiscales adquiridas a menos de 60$ pesos la hectárea, y que ahora pretenden ser vendidas por el Grupo Laderas a 28.000u$s dólares el lote, es decir más de 7000 veces lo que le pagaron al Estado».
Principales irregularidades denunciadas
- Desviación de la finalidad con la que se adquirió la tierra
- Connivencia por parte de la Dirección de Tierras de la provincia de Río Negro
- Infracción a la clausula que prohíbe la reventa de la tierra por un plazo de cinco años
- Falta de dictamen técnico y audiencia pública respecto de las cuestiones ambientales
En cuanto a la ordenanza avalada por Concejales de Juntos Somos Río Negro y del Pro en En Bolsón Los diputados nacionales destacaron como infracciones
- Ausencia de participación del Consejo Ambiental
- Irregularidad en la convocatoria de la Audiencia Pública
- Desconocimiento de la Carta Orgánica en cuanto a la preexistencia de los pueblos originarios
- Incumplimiento de la Carta Orgánica respecto de la disposición de «no urbanizables y de dominio público» de las tierras en cuestión por estar ubicadas en la Reserva de Bioesfera Andino Norpatagónica
- Impacto negativo sobre la disponibilidad de agua en la zona
Tanto Soria como Doñate hicieron hincapie en que «el Gobierno de Río Negro eliminó de la Legislatura provincial la Comisión Investigadora de Tierras Rurales que años atrás había elaborado un dictamen lapidario sobre el negocio inmobiliario y las claras ilegalidades del expediente en la cesión y venta de tierras de la meseta de Somuncurá (pieza fundamental para su restitución al estado provincial)».