*Por Mario Floriani
Millones de ciudadanos y ciudadanas de Argentina, el 22 de noviembre, optaron por un proyecto de país, cuyos referentes en campaña se comprometieron con una serie de promesas esperanzadoras que ofrecían un cambio. El primer mes, las promesas se fueron diluyendo al calor del verano y el cambio llegó, pero para los privilegiados de siempre.
Con legítima y democrática autoridad política, el Gobierno de Macri decretó cambios profundos en la política económica que repercutieron rápidamente en los sectores más vulnerables del país. Lamentablemente, las visiones capitalistas, empresariales y la ceocracia se desplegaron en una mirada técnica economicista, sin tener en cuenta ni una política social que contuviese a los más desprotegidos.
Las primeras acciones del gobierno nacional se jugaron para devolver los compromisos asumidos con los grandes grupos económicos, bajo promesas de inversiones, repatriación de dólares del exterior y venta de la producción a un dólar “más competitivo”. Nada de eso pasó, pero las medidas continuaron, con sus graves consecuencias. Levantar el cepo cambiario produjo una devaluación del 40 % que no se trasladó inmediatamente a los costos de productos de consumo masivo, pero fue un disparador fundamental para el oportunismo y especulación de los grandes formadores de precios, especialmente sobre los alimentos de la canasta básica, proceso que estos grupos iniciaron antes que asumiera el gobierno electo.
La quita de retenciones a las mineras y la rebaja a los granos no sirvió para otra cosa que favorecer los grandes capitales del país y de las empresas internacionales, la crisis en el petróleo, en las economías regionales como la fruticultura en el Alto Valle de Río Negro, en la provisión de energía hacen imposible mejorar los procesos productivos, mucho más desde la perspectiva del capitalismo, que si no obtiene ganancias no se invierte.
Pasar de un estado presente y protector a un estado “eficiente” provocó más de 150.000 despidos en todo el país, con la falsa excusa de expulsar a los “ñoquis” y hacer menos “deficitario” al Estado, miles de compañeros y compañeras perdieron la dignidad del trabajo y el sustento para su familia, ¿cuánto se podía “ahorrar” con estos despidos masivos en las distintas áreas de gobierno? Realmente sabemos que muy poco, el objetivo es disciplinar.
No dudamos que toda deuda debe ser pagada, pero la deuda a los Fondos Buitres, siempre la denunciamos como ilegítima. Desde el gobierno y los medios hegemónicos, se intentó convencernos que con el pago esta deuda, al otro día llegarían las inversiones para revolucionar el país y generar el trabajo, esto no pasó, se dijo que en el segundo semestre bajaría la inflación y mejorarían las posibilidades de consumo para la población.
Sin embargo, ahora la Vicepresidente Gabriela Michetti dice que será el año 2017, si esto era así ¿para qué generar tanto dolor a los/as trabajadores/as y los sectores más necesitados? Era necesario, llevar a 1.500.000 de familias a la pobreza? Como consecuencia, la pérdida del trabajo trae aparejado hambre y necesidades, se incrementó la demanda en comedores escolares, comunitarios, refrigerios, las ferias, se reorganizan el trueque, las heladeras y roperos sociales. Si hasta el mismo Marcos Peña, reconoció que no era viable cumplir la promesa de la “pobreza cero”, que tanto se anunció con globos de colores.
La falta de experiencia del Presidente y sus ceo-ministros/as en políticas públicas hacen que desde el ensayo y error se apliquen los cambios, con una proyección anual de una inflación entre el 20/25% en un intento de poner un techo con éste índice a los salarios. Con el objetivo de enfriar la economía, se mantienen programas que criticaron cuando fueron oposición, la inflación creciente hace que mayo cierre con un 25 % de alza de precios, esto hecha por tierra las primeras estimaciones de los economistas y asesores de Macri.
El “sinceramiento” de los servicios públicos como el transporte (100%), la electricidad (200/300%) y el gas (400/500%) hicieron levantar mucho más la temperatura a pesar del frío patagónico debido al grosero error de querer actualizar tarifas de un mes para otro, después de décadas que se venían subsidiando para evitar que los trabajadores/as tengamos que pagar un ajuste salvaje.
Frente a este modelo neoliberal la reacción de las centrales sindicales nacionales se hizo sentir el 29 de abril con una movilización contundente. El 4 de abril paramos trabajadores/as de la Educación con un 98% de acatamiento y movilización. El 2 de junio, las dos Centrales Argentinas de Trabajadores (CTA) se unificaron en la acción y convocaron a jornadas de protesta y movilizaciones. Esperamos que este sea el camino para la verdadera unidad de las Centrales de Trabajadores, sin mezquindades políticas e intereses individuales.
En Río Negro, UnTER convocó a paro el 2 de junio, el 95% de adhesión demostró el malestar por las necesidades en las comunidades educativas como escuelas rotas, escasez de alimentos en comedores, insumos, deficiencias en el transporte escolar y falta de controles en las prestaciones, demora en la creación de cargos, todo esto se soluciona con mayor presupuesto educativo tanto a nivel nacional como provincial.
La definición del Ministro de Educación de Nación, Esteban Bullrich, de imponer un Instituto de Evaluación de la Calidad Educativa no resuelve la problemática que afecta a nuestro sector. Para cambiar se deben abrir espacios de debate y discusión donde participemos los distintos actores dentro del sistema: docentes, sindicatos, madres, padres, estudiantes, organizaciones sociales, etc; es necesario avanzar y exigir formar parte de la discusión de políticas educativas como lo venimos haciendo en Río Negro, donde damos la disputa cultural, pedagógica y curricular que conllevará a la mejora de la educación y de condiciones laborales, por ello, es fundamental tener suficientes escuelas en condiciones adecuadas, con el presupuesto necesario para su funcionamiento.
Preocupa la política del decretazo y de la implementación de acciones neoliberales como achique del estado, libre mercado, desregulación de las importaciones en desmedro de la industria nacional, pero mucho más preocupante es la continuidad de la Ley antiterrorismo que encubre la persecución a dirigentes sociales y sindicales que implica la judicialización de la protesta. No podemos olvidar los presos políticos y las innumerables causas judiciales en distintas provincias en contra de los trabajadores/as y militantes sociales, tal como lo denunciaron Organismos Internacionales de Derechos Humanos. O lo más aberrante aún la detención de niñas, niños y jóvenes por ser pobres como lo interpreta el STJ de Río Negro que autoriza encarcelar a adolescentes en situación de calle o de vulnerabilidad.
La decisión de imponer un protocolo anti movilización y expresión popular, la emisión del Decreto 721 que devuelve la autonomía a las Fuerzas Armadas contrario a lo que estableció el presidente Raúl Alfonsín en momentos muy difíciles de la Argentina al regreso de la Democracia, solo se puede entender estas acciones en la previsión del gobierno Nacional de intimidar, disciplinar y acallar las voces disidentes y la lucha en defensa de los derechos conseguidos y todos los que faltan alcanzar, como el trabajo, salarios, viviendas, escuela y salud pública, etc.
En la misma ilegalidad un DNU derogó la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, ley construida democráticamente desde las bases, con el objetivo de controlar a los grandes monopolios de medios, causa que también le valió al gobierno Macrista una dura crítica desde los organismos internacionales que defienden el derecho a la información.
Sin embargo, no solo no escarmientan, avanzan con el proyecto de Ley de Blanqueo. En un intento de amordazar al periodismo, María Eugenia Vidal, Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, publicó un decreto, advirtiendo que podía ir a la cárcel quien difundiera las declaraciones juradas de funcionarios. Si tenemos en cuenta que Buenos Aires es el principal laboratorio de ensayo y error de la política de Cambiemos, esta definición, que después modificaron aduciendo que cometieron un “error”, es un anticipo de lo que vendrá, con el maquillaje correspondiente.
Anuncios mediáticos como “Reparación histórica para jubilados” suenan muy loables, pero la letra chica indica que a nuestros abuelos/as se le hará una significativa quita en la deuda, los jubilados/as docentes no están incluidos por pertenecer a regímenes especiales, se abre la puerta para vender las acciones del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, la jubilación universal se lleva a 65 años, esto implica comenzar a levantar la edad jubilatoria, una vez quebrado el sistema previsional no quedará otra opción que la privatización, para que hagan su diferencia los amigos del poder.
A los problemas económicos, el malestar social se incrementa a la par que la violencia de género. Luego de la segunda Marcha Nacional Ni Una Menos, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que declara «la emergencia pública por violencia de género » en todo el territorio nacional, con lo cual se busca frenar y revertir el número de víctimas originadas por este flagelo. Falta el tratamiento en Diputados. La implementación de esta normativa permitirá disponer de más recursos y protección a las mujeres, además de una fuerte campaña de concientización y la incorporación de esta temática y problemática en la currícula de los distintos niveles. Esperamos que esta iniciativa no sufra el filtro del veto presidencial, ni que se transforme en una norma declarativa sin recursos genuinos.
Si bien en Río Negro se vienen pagando los sueldos al sector docente según el acuerdo paritario con la UnTER, este finaliza al primer semestre con un impacto de incremento salarial que promedia el 33%, pone en evidencia la necesidad de recuperar nuestro poder adquisitivo en el segundo semestre, la economía real indica que está previsto para este año una inflación superior al 40%, esto hace que los gobiernos provinciales tengan que otorgar mejoras en los salarios para contener los reclamos y las luchas sindicales y sociales.
Frente a este cuadro de depreciación del ingreso, la desocupación y los tarifazos, no alcanza con aumentar el salario universal, devolver a este sector el IVA, las tarifas sociales y levantar el impuesto a las ganancias, es necesaria la urgente reactivación de las PyMES, favorecer las economías sociales y regionales, emprendimientos familiares para estimular el mercado interno, para ello hay que inyectar mejoras salariales en los sectores populares y medios, quienes son los que redistribuyen rápidamente y apuntalan la economía.
Para salir de esta crisis, no solo se tiene que restituir el 15% de la coparticipación, a las provincias, además, se tendrá que discutir en el Congreso una nueva ley de Coparticipación Federal a favor de todas las provincias, no solos las sojeras o agroexportadoras, para que ninguna deba arrodillarse para conseguir financiamiento o alguna obra que nos corresponde por derecho por ser ciudadanos/as de una misma nación, y dejar de ser prebendas en el Congreso Nacional.
El cambio llegará cuando se apliquen políticas sociales que necesita el pueblo y no políticas técnicas económicas para que cierren los números, nuestro país no es una empresa, es un colectivo de personas que merecemos una vida digna, y que se respeten nuestros derechos humanos.
*Mario Floriani, Secretario General UNTER