Ayer jueves,  Ramón Geldres, interno de la Unidad de Ejecución Penal 2 de nuestra ciudad y que tenía salida transitoria, mató en Cipolletti de  una puñalada a un hombre que intentaba detenerlo y dejó gravemente herido a otro cuando , luego de haberle arrebatado la cartera a una mujer de unos 60 años en calle Mengelle, huía hacia su moto. El agresor, que fue capturado, cumplía una condena de 17 años de cárcel por unificación de hechos y tenía salidas transitorias desde el mes de enero. La pena la iba a terminar en el 2015. Por lo tanto ya tenía más de los tres cuartos de la condena cumplida y los requisitos necesarios para  gozar de ese beneficio.

No me voy a referir aquí el hecho policial. Lamentable, trágico por cierto.

Voy a aludir a otra cuestión. Específicamente a las declaraciones a mi entender absolutamente irresponsables que con posterioridad al hecho realizó el intendente de Cipolletti, Abel Baratti.

Ý esto va más allá de la lógica indignación que producen situaciones como la que nos ocupa.

Entre otras cosas Abel Baratti dijo que el pueblo de Cipolletti necesita explicaciones. Reclamo que se puede considerar como lógico. Pero repito textualmente otras dos sentencias del intendente:

  • “Tenemos datos concretos de que 200 cipoleños tienen este tipo de beneficios, de distintas características (salidas, probation, etc). Tenemos que controlaros porque los cruzamos en la calle y no sabemos quiénes son”.
  • “Señores jueces, necesitamos que nos expliquen por qué los delincuentes andan en la calle sin control. Tendrán que ver otra manera de regenerarlos porque hay pruebas de que no pueden convivir con nosotros”.

Realmente leyendo y releyendo estas apreciaciones, me da la sensación de que  Baratti, que puede estar indignado, pero que es un funcionario que debe precisamente cuidar el lugar que ocupa, está viviendo unos 30, 35 años atrasado.

En primera instancia, le recomendaría que lea la ley 24660 (de ejecución penal) así toma conocimiento sobre lo que dice la norma en cuanto a las salidas transitorias, semilibetad, libertad condicional y otras salidas extraordinarias.

En segundo lugar, cuando dice el intendente “Tenemos que controlaros porque los cruzamos en la calle y no sabemos quiénes son”, me pregunto si pretende que se les ponga un cartel, un letrero que avise que son condenados que gozan de beneficios que establece la ley, pero de los que nos tenemos que cuidar, cruzar de vereda cuando los veamos o pedir protección policial por si las dudas. ¿Esa es la solución?. ¿Así los vamos a devolver a la sociedad?.

Estoy de acuerdo con que debería haber otra manera de incluirlos en el sistema social. Es más, existe otra manera. Existen leyes que indican que la reinserción de quien delinquió y cumple su pena debe ser de otra manera.

Y sabe de qué forma una persona puede ser recuperada para la sociedad?: con educación, trabajo y dignidad. Al que primero debemos exigirle el cumplimiento de la ley es al Estado.- Y ninguno de los gobiernos de turno lo hicieron o lo hacen.-Tampoco es algo que debemos reclamarle solamente al Poder Ejecutivo, sino que también tienen gran parte de responsabilidad los otros dos poderes: el Judicial y el Legislativo en cuyo seno el proyecto de reforma al Código de Procedimiento Penal provincial duerme el sueño de los justos. ¿Dónde están las políticas penitenciarias prometidas?. Sólo parches y más parches.

Pero al Gobierno, legisladores y jueces nadie los condena, ni nadie les pide que lleven colgado un cartelito advirtiendo que no cumplen con sus funciones. Y precisamente son los funcionarios los que se llenan la boca hablando de los beneficios de la escuela en la cárcel cuando los detenidos ni siquiera tienen un lápiz para escribir, y lo poco que le suministran se lo deben dar a su familia para que sus hijos tengan elementos para concurrir a la escuela. Hay un organismo estatal que se llama Instituto de Asistencia a Presos y Liberados que no brinda la mínima ayuda a los detenidos con su pre egreso ni a los familiares con los mínimos elementos que contribuyan a esa inclusión social, objetivos para el que fue creado. Y todos bien sabemos, que en nuestro cruel sistema carcelario, cuando se condena a alguien, también se condena al abandono y muchas veces a la indigencia a toda su familia.

Y me adelanto a lo que más de uno debe pensar en este momento: “No hubieran delinquido”. Es fácil decirlo, pero habría que, en primer lugar interesarse del por qué se incurrió en un delito. Y preguntarse nosotros como sociedad, aparte del gobierno, que cuota de responsabilidad tenemos. Los llamados delincuentes no surgieron de un repollo. Salen del seno de la misma sociedad que nosotros formamos y habitamos.

Pero volviendo a la educación, el trabajo y la dignidad. Cuántos de ustedes saben, incluido el señor intendente de Cipolletti, que hay una ley, la 3228, que estipula que de la mano de obra pública para la ejecución de obras y servicios públicos con fondos nacionales o provinciales se debe asignar un cupo no inferior al cinco por ciento (5%) de las personas contratadas a quienes se encuentren en la etapa de prueba del cumplimiento de una condena en las unidades penitenciarias o alcaidías ubicadas en territorio provincial, o haya sido liberado de las mismas por agotamiento de la pena. Y que esto no se cumple. Y nadie les da trabajo. Y el estado no se ocupa. ¿Eso no es incitarlos a volver a delinquir?. ¿El Estado no los está empujando a que vuelvan a delinquir?. Y no justifico cuando roban, y menos cuando matan. Jamás lo haría, pero tampoco pediría el paredón para ellos como se desprende de las declaraciones del intendente, cuando dice que “no pueden vivir entre nosotros”. ¿Qué pretende, eliminarlos?. ¿Hacerlos desaparecer para que la sociedad viva tranquila?. Esa misma sociedad de donde salen estos “Indeseables”.

¿No sería más atinado reclamar que se cumpla con las leyes, con la Constitución y que las cárceles realmente existan para recuperar y reinsertar en la sociedad a quienes, por distintos motivos, cometieron un delito?.

Sería bueno también poner en discusión por qué las cárceles están llenas de personas adictas a las drogas, y no hay un solo lugar público donde puedan tratar esta enfermedad.

El único derecho que deben perder los detenidos, los condenados es la restricción a su libertad ambulatoria, el resto de los derechos siguen vigentes como lo es el trabajo y la educación. Está demostrado en otros países como Costa Rica, que cuanto mayor es la educación que reciben, el índice de reincidencia adquiere niveles bajísimos. Entonces a lo mejor antes de hacer declaraciones ……..sería bueno, aprender de países que sí se ocuparon de las personas encerradas y que tarde o temprano, pueden volver dignamente a gozar de su libertad.-