La justicia platense calificó de “genocidio” los delitos cometidos por los represores que actuaron en los 6 centros clandestinos de detención, conocidos como “circuito Camps” durante la última dictadura militar y en los cuales desaparecieron decenas de personas.El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó a la pena de prisión perpetua a 16 represores, entre ellos al civil Jaime Smart, ex ministro de gobierno bonaerense durante la dictadura, y al ex director de Investigaciones de la Bonaerense, Miguel Etchecolatz, por delitos cometidos en 6 centros clandestinos de detención del denominado “Circuito Camps”.

El Tribunal, integrado por los jueces Carlos Rozanski, Mario Portela y Roberto Falcone condenó a Smart por el homicidio calificado en perjuicio de Jorge Rubinstein y la privación ilegítima de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones, agravado por el uso de violencia o amenazas en 43 casos.

Además remitió copias de los testimonios al juzgado federal de turno para que investigue al ex ministro de Gobierno como autor de otros  32 homicidios cometidos durante la última dictadura cívico militar.

El Tribunal condenó también a perpetua al ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, por 15 homicidios y más de 120 casos de privación ilegal de la libertad.

Durante la lectura de su condena, Etchecolatz se paró de la silla y exhibió un cartel en el que hacía referencia a una “justicia corrupta”, actitud que motivó que el presidente del Tribunal, Carlos Rozanski ordenara que lo desalojaran de la sala.

La pena de prisión perpetua recayó también cobre el ex subjefe de la Policía Rodolfo Aníbal Campos, por 21 homicidios calificados; al ex chofer de Etchecolatz, Hugo Alberto Guallama por 4 homicidios y al ex policía Luis Vicente Patrault por 20 homicidios.

También aplicó esa pena para el ex oficial Carlos García por 6 homicidios; para el ex Jefe de la Unidad regional de La Plata, Horacio Luján por 9 homicidios; para el ex subjefe de esa denpendencia, Fernando Svedas por 8 homicidios; para el cabo Norberto Cozzani, por 4 homicidios y para el subcomisario Miguel Kearney por 8 homicidios.

También condenó a perpetua a los ex policías Bernabé Corrales por 7 homicidios; para Raúl Machuca por 8 casos; para César Arguello, por 22 homicidios; para Víctor Sita por 5 casos;  para Omar Grillo por otros 9 casos y para Domingo Almeida por 22 homicidios.

El tribunal condenó además a 25 años de prisión al ex médico policial Jorge Bergés por 23 casos de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos y por retención y ocultamiento de un menor;  y a 15 años al ex inspector de la policía Sergio Verduri por 30 casos de privación ilegal de la libertad y tormentos.

El ex oficial Eros Tarela fue condenado a 25 años de prisión; el ex jefe de la Brigada de Investigaciones de la Plata, Pedro Ferriole a 11 años de prisión; Daniel Lencinas a 14 años; Roberto Cabrera a 18 años y a Santiago Antonini a 2 años de prisión efectiva.

El tribunal consideró que la conducta de los imputados “estuvo dirigida al exterminio de un grupo nacional en el marco de delitos de lesa humanidad”, aunque aclaró que para aplicar la pena utilizaba las figuras previstas en el Código Penal.

Durante el juicio, que se extendió por más de un año, se investigaron los delitos cometidos en la comisaría quinta de La Plata, el Destacamento de Arana, la Brigada de Investigaciones de La Plata, la Subcomisaría de Don Bosco denominada `Puesto Vasco´, COTI Martínez y la Brigada de San Justo.

Ante una sala colmada, el Tribunal dispuso remitir a los juzgados federales correspondientes “la investigaciones de los delitos sexuales que se cometieron en el marco de la causa de lesa humanidad” al determinar que esas investigaciones “deberán realizarse dentro del marco y contexto en el cual fueron cometidos”.

También pidió que los juzgados federales investiguen la actuación de sacerdotes y la posible complicidad de funcionarios judiciales con el terrorismo de Estado.

Pidió además a los ministerios de Defensa de la nación y al del Seguridad bonaerense que exoneren a los condenados y al Poder Ejecutivo provincial que desafecte los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención para convertirlos en sitios de la memoria.

La lectura del veredicto, cuyos fundamentos se darán a conocer el próximo 25 de marzo, fue seguida desde la sala por el canciller Héctor Timerman, quien habían prestado declaración como testigo por el secuestro y torturas de su padre Jacobo, detenido ilegalmente en Puesto Vasco.

Además estuvieron presentes el secretario  de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda; la titular de la abuelas de Plaza de mayo, Estela Carlotto, y Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes de la denominada “Noche de los Lápices”.

Fuente: Radio Nacional