Susana Dieguez y Arabela Carreras, autoras del proyecto

El proyecto presentado por las legisladoras Susana Dieguez y Arabela Carreras establece la prohibición en todo el territorio de la provincia de “ la instalación, funcionamiento, publicidad, administración y/o explotación bajo cualquier forma o denominación de wiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites, casas de tolerancia, saunas o establecimientos y/o locales de alternenadoras”.

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La iniciativa dispone  la inmediata clausura y cierre definitivo de los locales que permitan que sus propietarios o administradores obtengan un lucro, ganancia o comisión por la explotación sexual o el ejercicio de la prostitución de terceros, hayan aquellos prestado o no su consentimiento.

La ley, avalada en primera vuelta, incorpora modificaciones al Código de Faltas de la Provincia de Río Negro–Digesto Contravencional”, entre ellas, la que establece sanción con arresto de hasta sesenta días, no redimible por multa, para quienes violen esta prohibición.

La norma prevé que de realizarse procedimientos en los que se detecten personas ejerciendo, ofreciendo o con el propósito de ejercer la prostitución de manera voluntaria, se resguardarán de manera integral sus derechos. Cuando éstas no pudieren acreditar su identidad y domicilio, serán tenidas como víctimas de la trata de personas, debiendo brindarle protección y contención, así como a su familia, mientras su situación es puesta en conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas competentes.

Con la presencia en el recinto del Jefe de la Policía, Ariel Gallinger, el proyecto fue acompañado en forma unánime, aunque la oposición cuestionó el tratamiento sobre tablas y el “poco debate” que se le dio en comisiones.

La legisladora Susana Dieguez, autora de la iniciativa junto a Arabela Carreras, fundamentó la propuesta. Explicó que con esta la ley se está “dando el inicio de una discusión profunda y el puntapié para un cambio cultural”.

“Lo cultural no se soluciona con una ley, pero es algo”, señaló la legisladora. “Que hoy hagamos visible esta problemática de explotación sexual y de las complicidades políticas y policiales, ayuda a las víctimas”, consideró.

Carreras, por su parte, expresó que con esta ley se está “combatiendo el proxenitismo y la trata de personas”. Argumentó que el proyecto aborda “una de las formas contemporáneas de la esclavitud”. Aclaró que la norma no avasalla las autonomías municipales porque se trata de una “norma superior”. Propuso a la iniciativa como “una herramienta que le sirva al Poder Ejecutivo para poder combatir esta actividad ilegal”.

A continuación, la legisladora Liliana Geminiani manifestó su acompañamiento a la propuesta, haciendo una breve descripción de la problemática en la zona del puerto de San Antonio.

Por la oposición, Ricardo Ledo (Unidos por Río Negro), Cristina Uría y Leonardo Ballester (Concertación) manifestaron su acompañamiento al proyecto, pero coincidieron en criticar el “poco debate” que la iniciativa tuvo en comisiones y pidieron que entre primera y segunda vuelta se pueda analizar la propuesta con tiempo para realizar los aportes necesarios.

El presidente del bloque del FpV, Pedro Pesatti, cerró el debate desestimando las críticas de la oposición. Consideró que el debate se dio en distintos momentos e instancias. Calificó a la ley como “trascendental” para la provincia de Río Negro y aseguró que es el producto de una “definición política” del Frente para la Victoria.

Fuente: Legislatura de Río Negro