Foto: Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas

El informe de la ONU reconoce avances en legislación pero ve deficiencias en educación bilingüe, titulación de tierras, conflicto por proyectos mineros y utilización del agua.

El relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, visitó la Argentina entre el 27 de noviembre y el 7 de diciembre de 2011. Se entrevistó con comunidades de Neuquén, Río Negro, Salta, Jujuy, Tucumán y Formosa. El miércoles 11 de julio en la sede porteña de la ONU, Anaya brindó una videoconferencia desde Suiza en la que detalló la “versión avanzada no editada” del informe que elaboró luego de su visita y que tituló “La situación de los pueblos indígenas en Argentina”.

El el documento, Anaya expresa que “El Estado de Argentina ha realizado pasos importantes para reconocer los derechos de los pueblos indígenas en el país. Estos pasos incluyen las reformas de la Constitución de la Nación de 1994 en materia de los pueblos indígenas, la adopción de la Ley 26160 que inicia un proceso para contribuir a la regularización de las tierras indígenas del país, la ratificación del Convenio 169 de la OIT, y el voto en la Asamblea General a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, persiste una brecha significativa entre el marco normativo establecido en materia indígena y su implementación real. Es necesario que el Estado, tanto a nivel federal como provincial, priorice y dedique mayores esfuerzos a los temas relacionados con los derechos humanos de los pueblos indígenas. En particular, el Estado debe adoptar GE.12- políticas públicas claras, así como elaborar medidas legislativas y administrativas adicionales para impulsar un mayor conocimiento y acción estatal en materia indígena entre todos los poderes del Gobierno. En el presente informe, el Relator Especial hace un enfoque especial en temas relacionados al reconocimiento y protección de tierras y recursos naturales, incluyendo el programa de relevamiento territorial y las industrias extractivas y agropecuarias; el acceso a la justicia, los desalojos y la protesta social; y la situación social y económica de los pueblos indígenas, incluyendo educación, salud y desarrollo”.

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas