Celia Delgado, abogada que representa a un grupo de las 700 familias estafadas aclaró que no se decidió en asamblea “ocupar o usurpar las viviendas”, en referencia a la medida tomada por un grupo de vecinos en el barrio de 86 viviendas ubicado sobre calle Bermejo de Roca. “Lo que se quiso hacer es ejercer el derecho de reclamar, de expresarse y como una medida de resistencia y presión esta medida se inició pacíficamente y luego se desvirtuó”. Según la abogada ingresaron al predio personas que no había participado de la asamblea “acá el sujeto es el estado, no queremos profundizar el conflicto interno”.

Por otro lado, el abogado Nicolas Suarez Colman,  abogado que representa a otro grupo de perjudicatarios afirmó que “estoy sorprendido, me parece algo bastante extraño, mi asesoramiento viene posterior al ingreso”. Según el abogado, “el derecho tiene diferentes ópticas, mi única tarea no para que ingresen a las viviendas, si no evitar el conflicto y siga la vía del diálogo”.

El abogado fue acusado, mediante un comunicado de prensa, de ser el instigador de la ocupación, lo que el profesional desmintió. Colman, al igual que su colega Delgado, también apuntó al papel del estado “por falta de observancia” en lo que derivó en una estafa que afectó a 700 personas.